UGT exige al nuevo Gobierno fortalecer la Seguridad Social e impulsar el Pacto de Toledo

UGT | viernes, 1 de julio de 2016

​La Unión General de Trabajadores reclama al próximo Gobierno y a los grupos parlamentarios un compromiso pleno con el sostenimiento de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones. El sindicato ha manifestado su preocupación ante la situación actual del sistema en la última reunión del Consejo General del INSS, celebrada ayer. Una situación marcada por la disminución de los ingresos, fruto de la mala calidad del empleo que se crea y de los bajos salarios y una creciente disposición de los recursos del Fondo de Reserva, que puede llevar a su agotamiento. Por ello, UGT exige que el nuevo Parlamento corrija urgentemente esta situación en el marco del Pacto de Toledo y asegure la viabilidad del sistema con una mayor respuesta que la otorgada por el Gobierno en la última legislatura.

La Unión General de Trabajadores manifestó su preocupación sobre la actual situación de la Seguridad Social en la última reunión del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), celebrada en el día de ayer, en la que se dieron a conocer, entre otros puntos, los informes de gestión del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Una situación que, para el sindicato, está caracterizada por:

Un crecimiento de los ingresos por cotizaciones inferior en relación al incremento de los afiliados. Un problema que se está convirtiendo en permanente debido a varios factores: la debilidad de los incrementos salariales, debido a la política de devaluación y depresión de los salarios; la mayoritaria precariedad del empleo que se está creando, con fuerte presencia de empleos a tiempo parcial y de contratos temporales; la caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo, que pone de manifiesto no solo la desprotección creciente del paro, sino las diferencias reales entre los ingresos por las cotizaciones que provienen del empleo y el gasto en prestaciones de la Seguridad Social; y la pérdida de ingresos derivada de que las políticas de subvenciones a la contratación se están cargando sobre las espaldas de la Seguridad Social.
Un crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social muy claramente inferior a lo presupuestado, lo que pone de manifiesto errores que ocultan en la misma una parte claramente previsible del déficit de las Administraciones Públicas.
La insuficiencia creciente de los ingresos de la Seguridad Social para cubrir los gastos del Sistema.
La creciente disposición de los recursos del Fondo de Reserva, que están llevando a su agotamiento.
Por otra parte, independientemente de que el Gobierno en funciones no tenga capacidad plena para elaborar los presupuestos, lo cierto es que, como le ha reclamado UGT, la Seguridad Social está capacitada y obligada para elaborar y poner a disposición de la opinión pública las previsiones acerca de la evolución de ingresos y gastos de la Seguridad Social para 2017.

Todos estos factores deben ser corregidos con la mayor urgencia en el seno del Pacto de Toledo. Por todo ello, UGT reclama al próximo Gobierno y las fuerzas políticas que asuman un compromiso pleno con el sostenimiento de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones, a través de un proceso de negociación con los interlocutores sociales. Un compromiso que exige que éste sea uno de los asuntos a los que se otorgue la mayor prioridad y urgencia a partir de la constitución del nuevo Parlamento.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, ha exigido al Gobierno la convocatoria, en el menor plazo posible de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Recuerda en una carta dirigida a Tomás Burgos, Secretario de Estado de Seguridad Social, que desde el sindicato se ha mostrado preocupación de forma, en los distintos órganos de participación y seguimiento de que dispone la Seguridad Social, ante la necesidad reiterada de realizar disposiciones del Fondo de Reserva y la forma en la que éstas se vienen produciendo.

La última ocasión tuvo lugar en la reunión del Consejo General del INSS el pasado 30 de junio, en la que el sindicato volvió a insistir, una vez más, en la necesidad de que el Gobierno informe a los agentes sociales de la previsión de disposición que piensa realizar, sin anticipar ningún tipo de explicación.

Lejos de atender esta reclamación, el Gobierno ha optado por anunciar la última disposición utilizando una escueta nota de prensa en la tarde-noche del viernes 1 de julio, sin que mediase una información previa en el marco del Consejo de Ministros celebrado esa misma mañana, ni la más elemental regla de cortesía que hubiese supuesto la comunicación previa a los agentes sociales presentes en esta Comisión de Seguimiento. Y ello aún a pesar de tratarse de la disposición de efectivo, 8.700 millones de euros, más importante de todas las que se han producido hasta el momento, y tras la que el Fondo de Reserva se sitúa en 25.170 millones de euros.

Unido a ello debemos también señalar el hecho de que en el último periodo, si bien ha coincidido con los sucesivos periodos electorales y postelectoral, se ha incumplido el mandato de información que el Fondo de Reserva tiene para con los miembros de su Comisión de Seguimiento, contenido en el art. 8 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, donde se establece que “La Comisión de Seguimiento conocerá semestralmente de la evolución y composición del Fondo de Reserva, para lo cual el Comité de Gestión del Fondo de Reserva, la Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva y la Tesorería General de la Seguridad Social facilitarán información sobre tales extremos con carácter previo a las reuniones que mantenga dicha comisión.”

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SUSANA ALCELAYMadrid05/07/2016 21:27h – Actualizado: 06/07/2016 08:06h.Guardado en: Economía
El Gobierno retiró el pasado junio 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones y la paga extra de julio a los jubilados.
Tras esta retirada, la mayor hecha desde que en 2012 se empezó a recurrir a esta «hucha», el Fondo ha visto reducidos sus recursos a 25.176 millones.
¿Cuándo se creó el Fondo?
Comenzó a tomar forma en 1995 tras una recomendación del Pacto de Toledo, aunque no fue hasta 2000 cuando se constituyó con una primera aportación de 601 millones. En los mejores momentos esta «hucha» llegó a tener casi 66.000 millones; hoy cuenta con 25.176 millones.

¿Cuál es su función?
Se concibió como un colchón de emergencia para cuando los ingresos presupuestarios (cotizaciones) no dieran de sí para poder pagar las pensiones públicas, como ha ocurrido en los últimos ejercicios.
¿Hasta cuándo tendrá fondos la «hucha»?
Al ritmo actual de retiradas (8.700 millones de euros), solo habrá fondos hasta finales de 2017.

¿Y qué ocurrirá entonces?
Si antes no se han buscado fuentes alternativas de financiación o se libera de cargas a la Seguridad Social, los recursos adicionales que ahora se sacan de la «hucha» tendrán que salir de los impuestos. Pagar la factura de las pensiones cada mes cuesta al erario público unos 8.700 millones.

¿Cuántos afiliados hay por pensionista?
Hay 2,27 ocupados por pensionista, la relación más alta desde 2012, lejos de los 2,7 que había antes de la crisis.

Descripción: El Pacto de Toledo se desactiva bajo las presidencias de PSOE y Podemos
Y mientras tanto, la financiación del sistema de pensiones hace aguas. El pasado junio la Seguridad Social volvió a necesitar una ayuda extraordinaria para pagar las pensiones y la paga extra de julio, En esta ocasión el Gobierno se vio obligado a retirado 8.700 millones del Fondo de Reserva, la mayor disposición realizada desde que en 2012 el Gobierno abrió por primera vez esta hucha. Tras esta operación el Fondo de Reserva ha quedado en 25.176 millones, el equivalente a un 2,33% del PIB. Al ritmo actual el Fondo se agotará a finales del año próximo si antes no se buscan alternativas de financiación para pagar las pensiones públicas.
El secretario general de la Seguridad Social en funciones, Tomás Burgos, ya aseguró el lunes que si es necesario volverán a recurrir a la «hucha de las pensiones». Y es en julio y diciembre la Seguridad Social afronta fuertes necesidades de liquidez en la tesorería. Toca desembolsar la nómina mensual habitual y las pagas extra que reciben los pensionistas. Este año la extra de verano que han cobrado en julio los más de 8,5 millones de jubilados ha supuesto una factura cercana a los 17.000 millones.
El problema sigue estando en cómo se financian las prestaciones teniendo en cuenta que los gastos que cada mes tiene que afrontar la Seguridad Social son más elevados que los ingresos. Entre los factores está el aumento del número de pensionistas, por encima del 1% anual, el recambio de las nuevas pensiones que entran al sistema, que son casi un 40% más altas que las que salen, y el incremento mínimo garantizado por ley del 0,25%.
La combinación de todos estos factores es lo que ha provocado que la Seguridad Social fuera la única administración que aumentó su déficit en 2015, hasta el 1,3% del PIB, es decir 13.592 millones, el doble de los previsto (0,6%). La caja de la Seguridad Social está en números rojos y las previsiones no invitan a pensar lo contrario, teniendo en cuenta que los trabajadores que contribuyen al sistema lo hacen con sueldos más bajos por la parcialidad de sus contratos y los ajustes de la crisis. Y ello pese a la mejoría del empleo, que crece a tasas del 3%, lo que ha permitido que el número de afiliados se encamine hacia los 18 millones.
Las reformas están sobre la mesa. Los Presupuestos de 2016 ya contemplan que el sistema debe buscar vías alternativas de financiación. Ya en agosto de 2015 Tomás Burgos informó en el Congreso de que el sistema debía aligerar cargas y que una de las opciones podría ser que las pensiones de viudedad y orfandad pasaran a financiarse con impuestos, lo que permitiría al sistema de previsión ahorrar unos 25.000 millones que cuestas a las arcas públicas estas prestaciones. Y hasta ahora, la Comisión no responde.

SUSANA ALCELAYMadrid05/07/2016 21:24h – Actualizado: 06/07/2016 01:48h.Guardado en: Economía
La Comisión del Pacto de Toledo lleva años limitada exclusivamente a realizar su función de seguimiento, a pedir comparecencias a miembros del Gobierno, a expertos y a agentes sociales, sin más. Y mientras tanto,la financiación del sistema de pensiones hace aguas.
¿Cuándo se creó el Pacto de Toledo?
El 15 de febrero de 1994 el Congreso aprobó la proposición no de Ley del grupo parlamentario de CiU por la que se creaba una ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social y señalar las principales reformas que deberían acometerse para garantizar su viabilidad.
¿A qué acuerdos llegaron?
La Comisión alcanzó un año después un acuerdo sobre el informe emitido por la ponencia, denominado Pacto de Toledo, por el lugar donde fue elaborado. Fue ratificado por el Pleno del Congreso. El Pacto significó un compromiso de los grupos parlamentarios con las pensiones.

¿Cuáles fueron las recomendaciones?
Quince fueron las recomendaciones. Entre ellas la separación y clarificación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la constitución de reservas para períodos de baja de ingresos o la integración y simplificación de los regímenes especiales.